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LLUEVE SOBRE MOJADO. UN DESPROPÓSITO LEGISLATIVO QUE SOBRECARGA AL COLECTIVO DE PROFESIONALES LABORALISTAS.
Los graduados sociales levantamos la voz. Y es que llueve sobre mojado. La última Orden que regula las normas de cotización para el presente año, que entró en vigor el 1 de abril con efectos retroactivos desde el 1 de enero es, a nuestro juicio como profesionales laboralistas, un despropósito legislativo que tensiona al colectivo, genera una carga de trabajo inmanejable y amplifica la inseguridad jurídica de empresas y trabajadores. Me pregunto ¿cómo entienden la planificación de las empresas al inicio de cada ejercicio el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que firma la Orden y las ministras de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o la de Trabajo y Economía Social que la proponen? ¿Será tan difícil de entender que es necesario conocer la norma que va a regir las cotizaciones antes del inicio del año fiscal o al menos en los primeros días del mes de enero y no con tres meses de retraso?
Si estamos obligados a cumplir plazos pido que esa obligación sea para todos, ciudadanos y Administración y que se actúe y legisle con coherencia. Estamos hablando de regularizar nóminas ya pagadas, de cargar de trabajo también a la propia administración pública, cuando además estamos a las puertas de iniciar un proceso de regularización de migrantes que supondrá para la Administración una importante carga burocrática, que afectará entre otras a la TGSS. En un país con una población ocupada que, según los últimos datos, supera los 22 millones de personas trabajadoras estamos hablando de tener que rehacer las nóminas del primer trimestre del año de un gran número de ellas. Si bien la propia Tesorería General de la Seguridad Social se comprometió a regularizar de oficio las cotizaciones de enero y febrero, las de marzo hay que adaptarlas en cuestión de días y sin margen de maniobra. Hablamos de hacer las necesarias liquidaciones en tiempo récord; un auténtico caos para pymes, empresas y trabajadores.
Estamos en el núcleo de una tormenta perfecta y agotados. Ya pasó en el año 2022, en el 2023, en el 2024, en el 2025, y la actual que además se junta en el calendario con las obligaciones fiscales del primer trimestre de 2026, impuestos que han de estar calculados y listos para presentar en la primera quincena de abril en la modalidad de domiciliación en cuenta.
Si hay un colectivo que trabaje mano a mano con la Administración y sirva de enlace entre las empresas, los trabajadores y la Autoridad laboral este es el de los Graduados Sociales. Hablamos de 17.000 laboralistas en todo el país, más de 600 adscritos al Colegio Oficial de GGSS de A Coruña y Ourense. Cuando hay que arrimar el hombro, se arrima. No hay más que recordar el trabajo esencial y extenuante de estos profesionales durante la pandemia. Pero ese esfuerzo, puntual y ante un hecho insólito, no puede consolidarse. Esta publicación en el BOE trae de cabeza a los departamentos laborales y contables realizando las correcciones necesarias de urgencia. Y no nos olvidemos de los técnicos informáticos trabajando a contrarreloj para modificar las aplicaciones con las que realizamos esos cálculos, modificaciones que tuvieron que estar listas a los pocos días de la entrada en vigor de la Orden. Esta forma de legislar, que se viene repitiendo en los últimos años, no puede llegar para quedarse. Los continuos cambios normativos o una Orden como esta que nos ocupa, no solo generan una carga adicional e innecesaria para nuestros colegiados, sino que afectan directamente a los trabajadores que pueden ver regularizadas sus nóminas, y a las empresas, que se enfrentan a ajustes en las cotizaciones o en las retribuciones ya abonadas.
Lo hemos denunciado muchas veces. Hemos pasado de tener una Administración al servicio de los ciudadanos, a unos ciudadanos al servicio de la Administración. Nuestros profesionales sienten, cada vez con más intensidad, que trabajan a su servicio en vez de al de sus clientes (empresas y trabajadores).
La digitalización desordenada de la Administración supone una carga de trabajo que se multiplica y desdibuja nuestros derechos laborales más básicos como la desconexión digital o el descanso en festivos y fines de semana. Estamos recibiendo infinidad de notificaciones que colapsan nuestros buzones, durante las 24 horas del día todos los días del año, incluidos festivos y fines de semana. Cada vez es más difícil contactar con un funcionario que resuelva las dudas al otro lado del teléfono; cada organismo tiene su propia plataforma o aplicación y con recorridos distintos para cada trámite...dominar su manejo requiere horas y horas de trabajo que sumamos a lo que es nuestra actividad en sí. Es tiempo de parar, hablar, y reconducir el proceso.
Nuestro malestar colectivo es tan obvio como extremo y, desde el Consejo General de Graduados Sociales de España exigimos con rotundidad a la Administración una solución definitiva para que esta situación no vuelva a repetirse.
La relevancia de esta situación ha sido igualmente recogida por el diario La Voz de Galicia, que en su sección de Opinión se hace eco del malestar del colectivo, evidenciando la trascendencia e impacto de esta cuestión en el ámbito profesional y empresarial. [VER ARTÍCULO]
